Quiten les multes a les empreses que nun atiendan n'euskera y castellán

El Parlamento vasco, con el apoyo del PSE-EE, PP y UPyD, ha eliminado las sanciones para las empresas que no atiendan y rotulen en las dos lenguas oficiales de Euskadi -euskara y castellano--. El PNV, Aralar, EA y Ezker Anitza-IU han votado en contra de esta medida.
El pleno de la Cámara autonómica ha aprobado este jueves una proposición de ley que modifica el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobado en la época del ejecutivo de Juan José Ibarretxe y que establecía la obligación de garantizar la atención al público en euskera y castellano, así como de rotular en ambas lenguas, para determinadas empresas.
Esta ley establecía sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros para las compañías que no cumplieran estas condiciones. Un decreto posterior fijaba las características de los negocios que se venían afectados por la norma.
En concreto, se hablaba de sectores de interés general -transporte, telecomunicaciones y energía--, bienes y servicios, y empresas que reciben subvenciones por fomentar el euskara. Entre otras características, se hablaba de compañías con 15 o más trabajadores y con una superficie superior a 400 metros cuadrados.
La modificación aprobada este jueves por el Legislativo no elimina las obligaciones formales recogidas en el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, que, al menos en un plano teórico, se mantienen en términos similares. No obstante, suprime las sanciones contempladas por el incumplimiento de tales obligaciones.
"Despropósito"
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha apoyado la supresión de las multas, al considerar que "imponer el euskera a golpe de sanciones es un despropósito". No obstante, ha reprochado al PSE que no haya respaldado también la eliminación de las obligaciones teóricas incluidas en la ley.
Maneiro ha denunciado que imponer el uso del euskera a empresas y comercios es "una injerencia en el ámbito privado y en la libertad de las personas", tras lo que ha achacado la actitud del PSE al no eliminar las obligaciones a sus "miedos y complejos".
Desde las filas socialistas, Vicente Reyes ha destacado que la supresión de las multas supone el "cumplimiento" del programa electoral de su partido. Según ha explicado, con esta medida se pretende regresar al consenso lingüístico "roto" por el gobierno anterior. Reyes ha reprochado a Maneiro su "crispación" y actitud "agresiva" en un asunto que "requiere de la búsqueda de acuerdos".
"Intromisión"
El parlamentario del PP Iñaki Oyarzábal ha defendido la necesidad de proteger el euskera "sin imposiciones ni intromisiones en el ámbito privado". Además, ha reprochado que "el concepto lingüístico de los nacionalistas" se base en "el derecho a obligar a los demás a que hablen en la lengua que ellos quieren". Al igual que Maneiro, ha considerado que la reforma podía haber ido "más allá".
Por parte del PNV, Garbiñe Mendizabal ha asegurado que con la normativa aprobada por el Ejecutivo anterior no se trataba de "poner una lengua por encima de la otra", sino de "garantizar los derechos" de los vascoparlantes. Asimismo, ha advertido de que el nuevo gobierno que salga de las próximas elecciones autonómicas volverá a modificar la normativa sobre este asunto.
El parlamentario de Aralar Mikel Basabe ha destacado que en otras comunidades autónomas, como en Canarias, ya se han impuesto multas a comercios que no atienden en castellano. Además, ha censurado que con este tipo de modificaciones legislativas, "parece como si en Euskadi sólo existiera una lengua", en referencia al castellano.
Desde EA, Juanjo Agirrezabala ha considerado que con esta medida se "vulneran" los derechos de los vascoparlantes. El parlamentario de Ezker Anitza-IU, Mikel Arana, ha destacado la necesidad de proteger el euskara, dado que "en todos los sitios se habla ya el castellano".
Los colectivos de defensa del euskara Behatokia y Kontseilua, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, han asegurado que la eliminación de "los instrumentos que garantizan los derechos" de los vascoparlantes llevará a la "vulneración" de dichos derechos.

Fonte: el mundo

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